Presidente rechazó actitud de sarayakus que protegen a sentenciados

La comunidad amazónica Sarayaku se declaró en "alerta roja" para proteger a tres condenados por injurias al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien calificó esta medida de "extremadamente grave" y dijo que atenta contra el estado de derecho.

Dirigentes del pueblo Sarayaku, en la provincia amazónica de Pastaza, brindan desde hace varias semanas protección al asambleísta opositor Cléver Jiménez, a su asesor Fernando Villavicencio y a Carlos Figueroa, todos ellos condenados por injurias a Correa y refugiados en territorio amazónico, según medios de comunicación ecuatorianos.

Los representantes de la comunidad Sarayaku denunciaron que aeronaves de las Fuerzas Armadas han sobrevolado su territorio y que uniformados han entrado en la zona, por lo que se han declarado en situación de "alerta roja", según escribieron en la cuenta @Sarayaku_libre de Twitter, si bien el Ministerio de Defensa negó estas acciones.

Alerta, acabam de informarnos que militares fuertemente armados acaban de salir de la Brigada de Montalvo rumbo a Sarayaku.

— Pueblo de Sarayaku (@Sarayaku_Libre) abril 29, 2014

El presidente ecuatoriano consideró hoy que esta situación podría suponer un "nefasto" precedente, pues podría repetirse en otros casos e imposibilitar la ejecución de condenas.

Sobre los dirigentes de Sarayaku, el mandatario dijo que su comportamiento es "simple politiquería" y consideró que pueden dañar a la patria por hacer daño al presidente del país.

"Prácticamente tenemos una proclamación de un Estado soberano dentro del Ecuador, porque ellos se creen con la capacidad de desconocer una sentencia de un tribunal", dijo Correa en declaraciones a los periodistas.

El gobernante dijo que con esta actitud "están provocando" y que si se produjera cualquier incidente violento, la responsabilidad sería de quienes "desafiaron de manera audaz el Estado de Derecho y de estos tres fugitivos que en lugar de enfrentar sus responsabilidades exponen a esa comunidad, utilizando a malos dirigentes que están politizados".

Jiménez, Villavicencio y Figueroa fueron denunciados por Correa ante unas acusaciones que hicieron contra él en relación con los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando el gobernante estuvo retenido durante varias horas en un hospital de Quito en medio de una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.

Los condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.

Ellos presentaron su denuncia a la Fiscalía, que no la acogió y la calificó de temeraria y maliciosa al no haberse demostrado la versión, por lo que Correa emprendió un juicio por injurias.

La Justicia ecuatoriana condenó a Jiménez y a Villavicencio a dieciocho meses de prisión y a Figueroa a seis meses.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, concedió en marzo medidas cautelares en favor de los condenados y pidió al Estado ecuatoriano "suspender la ejecución de la sentencia", pero el Gobierno pidió al organismo interamericano que revocara su exigencia, al considerar que no posee atribuciones para ello.