La ONU dice tener evidencia suficiente para acusar a Putin de crímenes de guerra, pero hay problemas prácticos y logísticos para avanzar en el caso.
Aunque la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya emitió el viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, este no es sino el primer paso en un proceso muy largo.
La Organización de las Naciones Unidas claramente cree que hay evidencia suficiente para acusar del líder ruso de cometer crímenes de guerra en Ucrania.
Sin embargo, los problemas prácticos y logísticos para llevar adelante el caso son inmensos.
Aquí respondemos algunas de las preguntas que surgen sobre la posibilidad de llevar a Putin a la justicia.
¿Puede el presidente Putin ser arrestado?
En la actualidad, el líder ruso disfruta de un poder indiscutible en su tierra natal, por lo que no hay perspectivas de que el Kremlin lo entregue a la CPI.
Mientras Putin permanezca en Rusia, no corre riesgode ser arrestado.
Putin podría ser detenido si abandona el país. Pero, dado que su libertad de movimiento ya está severamente limitada por las sanciones internacionales en su contra, es poco probable que viaje a un país que quiera enjuiciarlo.
Desde que las tropas rusas invadieron Ucrania en febrero de 2022, solo ha visitado ocho países. Siete de ellos serían considerados por él como parte del "extranjero cercano" de Rusia, es decir, eran partes constituyentes de la Unión Soviética antes de que colapsara a fines de 1991.
El único destino reciente que no entra en esta categoría es Irán, que visitó en julio del año pasado para reunirse con el líder supremo de la teocracia, Alí Jamenei.
Dado que Irán ha ayudado al esfuerzo bélico ruso con el suministro de drones y otros equipos militares, es poco probable que una visita repetida a Teherán ponga a Putin en peligro.
¿Putin realmente enfrentará un juicio?
Hay al menos dos grandes obstáculos para ello. Primero, Rusia no reconoce la jurisdicción de la CPI.
La corte fue establecida en 2002 por un tratado conocido como el Estatuto de Roma.
Este estatuto establece que es el deber de todo estado ejercer su propia jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales.
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