Recluso confiesa haber asesinado a otro reo de la cárcel de Azogues
Un recluso de la cárcel de Azogues, en la provincia de Cañar, fue asesinado este martes 22 de febrero por otro reo, quien presuntamente le habría disparado y apuñalado dentro de una celda.
El cuerpo de la víctima fue hallado por policías una vez que ingresaron al recinto penitenciario para aplacar una reyerta entre presos, originada tras el asesinato del privado de libertad.
Según Edson Padilla, jefe de la subzona de Policía de Cañar, el cadáver presentaba heridas “similares a las producidas por el paso de un proyectil” y cortes profundos presuntamente producidos con arma blanca.
Los agentes encontraron una pistola de calibre 9 milímetros y Padilla confirmó que el responsable se entregó de manera voluntaria a los gendarmes "manifestando ser el autor".
El asesino confeso es un joven de 22 años que cumple sentencia por robo y mantiene otra veintena de procesos judiciales abiertos en su contra.
El jefe policial añadió que el atacante pertenecería a la banda de "Los Lobos" y había sido trasladado a la prisión de Cañar el pasado viernes.
El SNAI informó en sus redes sociales que trabajarán con las autoridades en la investigación de los hechos ocurridos.
También el martes la Policía intervino en una rencilla entre bandas en la cárcel El Inca, de Quito, donde en medio de requisas lograron decomisar armas cortopunzantes, martillos y otros artículos prohibidos.
Mientras tanto, en Pichincha se entregó el primer indulto a un reo, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 355 con el que el Gobierno de Guillermo Lasso busca descongestionar el hacinamiento de las cárceles.
El sistema carcelario ecuatoriano ha estado sometido a varios estados de excepción para intentar controlar las frecuentes reyertas entre bandas de reos que, según las autoridades, han intentado tomar el control de las prisiones.
En Ecuador, según cifras de grupos de derechos humanos, murieron en 2021 más de 320 reos por el enfrentamiento entre bandas de reclusos que se disputan el control de las prisiones y que, según el Gobierno, mantienen presuntos lazos con el narcotráfico.
En ese sentido, el Ejecutivo presentó el pasado lunes la primera Política Pública de Rehabilitación Social de Ecuador, un documento en el que se plantean cambios estructurales en todos los reclusorios del país y que tiene previsto ejecutarse hasta el 2025.