La Asamblea Nacional debatirá este viernes 13 de diciembre sobre el presunto uso del software espía Pegasus
La posible adquisición del software de espionaje israelí Pegasus por parte del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) ha desatado una ola de especulaciones y dudas en el ámbito político ecuatoriano. Aunque el Gobierno Nacional no ha desmentido su compra ni aclarado si esta herramienta se usará para realizar seguimientos, el tema ha generado tensión y desconfianza en diversos sectores. La falta de información oficial solo alimenta la incertidumbre.
El debate tomó fuerza luego de que la Asamblea Nacional anunció que este viernes 13 de diciembre discutirá los riesgos asociados al uso de Pegasus e iniciará un proceso de fiscalización contra las autoridades del frente de seguridad del Gobierno. Estas autoridades, hasta ahora, no han respondido a las preguntas planteadas por los legisladores ni han atendido las inquietudes de la prensa.
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Según fuentes consultadas por Ecuavisa, que prefirieron mantenerse en el anonimato, la adquisición de este sistema habría ocurrido entre abril y mayo de este año con el objetivo de fortalecer los sistemas de inteligencia y localizar a los cabecillas de bandas delincuenciales.
La historia de Pegasus y su posible implementación en Ecuador no es nueva. La empresa israelí que desarrolló el software habría ofertado el sistema al CIES en 2022 por un costo de 12 millones de dólares. Sin embargo, exautoridades de esta entidad aseguran que la compra no se concretó en ese momento.
En su lugar, se utilizaba una plataforma de origen estadounidense para escuchas telefónicas, siempre con autorización judicial y en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Judicial. Estos equipos estadounidenses operaban desde una instalación estratégica de la Policía en Quito.
No obstante, la posibilidad de que Pegasus sea utilizado ahora por el CIES ha despertado serias preocupaciones entre los legisladores de oposición. Argumentan que esta herramienta podría convertirse en un instrumento de espionaje contra políticos, periodistas y activistas sociales. Esta sospecha ha llevado a varios sectores a adoptar medidas de precaución, como evitar hablar o enviar mensajes por teléfono, ante el temor de que sus dispositivos puedan estar intervenidos.
La controversia en torno a Pegasus no es exclusiva de Ecuador. Hace dos meses, en Colombia, el uso de este software generó un gran escándalo. El presidente Gustavo Petro denunció su implementación indebida, mientras que otros lo acusaron a él de utilizarlo para espiar. Finalmente, el sistema fue suspendido. En ese caso, la compra de Pegasus había sido financiada por Estados Unidos como parte de un acuerdo de cooperación con el gobierno del expresidente Iván Duque, a un costo de 11 millones de dólares.
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En Ecuador, la falta de claridad sobre el supuesto uso de Pegasus deja una sombra de misterio y alimenta una creciente paranoia en ciertos sectores. La Asamblea y otros organismos de control tienen ahora el desafío de esclarecer los hechos y garantizar que cualquier herramienta de inteligencia respete los derechos fundamentales y se utilice únicamente dentro del marco legal.