El nuevo plan anticorrupción tiene 27 acciones que deberán ejecutarse hasta 2028
La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) presentó el Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, el cual incluye estrategias y acciones concretas proyectadas hasta 2028.
Las instituciones públicas que integran esa función del Estado, como la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Defensoría Pública, y las superintendencias, además del Ejecutivo, la Función Electoral y Judicial, así como empresarios y representantes del sector privado, se comprometieron a cumplir el plan elaborado con la colaboración de la Cooperación Técnica Alemana GIZ.
En el documento constan tres ejes: integridad pública y privada, transparencia y rendición de cuentas, y participación ciudadana y cultura de integridad. ¿Será una iniciativa suficiente para acabar con la corrupción enquistada en las instituciones de todo nivel?
Las estrategias y acciones del plan contra la corrupción
El documento tiene un marco conceptual y normativo, el diagnóstico y problematización, así como las acciones del plan.
Lea más: Noboa responde a críticas de Correa y ofrece enviarle copia de su sentencia por corrupción
Está alineado con la Agenda de 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como con el Plan Nacional de Desarrollo.
El primer eje busca fortalecer el marco institucional y legal para integrar a las instituciones del sector público y revertir la baja capacidad para sancionar a los corruptos, así como la prevalencia de la impunidad.
Para lograrlo, se establece la creación del sistema nacional de integridad, así como el establecimiento de Unidades de Integridad Institucional, que se conformarán por funcionarios de cada entidad. También se plantea la entrega de varias leyes anticorrupción, que se medirán por la cantidad.
Además, se creará un programa de inducción para el ingreso al servicio público para que los funcionarios reciban una inducción en la materia de al menos cuatro horas.
El segundo eje está relacionado con incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, principalmente en sectores económicos vulnerables a la corrupción.
Para conseguirlo, se deberá asegurar periodicidad de los reportes financieros de las campañas de las agrupaciones políticas, registrar la información sobre los procesos de compras públicas, entre otros.
La participación activa de la ciudadanía es el tercer objetivo del plan, que se ejecutará con el desarrollo de campañas y la creación de plataformas colaborativas.
Se implementará espacios de diálogo y colaboración mediante redes de organizaciones que trabajan en la lucha contra la corrupción, así como el control social en la compra pública.
Lea más: Crisis carcelaria: el poder de las estructuras criminales dentro y fuera de las rejas
La larga lista de casos de corrupción en Ecuador
Los casos de corrupción son parte de la historia en la administración pública de Ecuador. Solo en los últimos 10 años han escandalizado los hechos relacionados con asociación ilícita, tráfico de influencias, peculado, cohecho, etc.
Por ejemplo, el caso Odebrecht demostró una estructura de corrupción liderada por la empresa constructora brasileña que pagaba millonarios sobornos a funcionarios públicos o intermediarios, a cambio de la asignación de obras.
Durante la pandemia, en medio del dolor de miles de personas que atravesaban la enfermedad de Covid-19 o que perdían a sus familiares, se destapó un caso de comercialización de insumos médicos a hospitales de la red pública.
O el caso Metástasis, que mostró una red de corrupción en los juzgados del país, en contubernio con abogados, fiscales, asambleístas, narcotraficantes y operadores políticos. El negocio estaba en la compra de decisiones de jueces o en la manipulación de sorteos.
Los resultados de Ecuador en los rankings internacionales, en materia de corrupción, tampoco son favorables. El Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, desarrollado por Transparencia Internacional, refleja un retroceso para Ecuador, que obtuvo una puntuación de 34, bajando dos puntos en comparación con 2022.
Lea también: Daniel Noboa se convirtió en el presidente de Ecuador con más viajes al exterior en su primer año de gobierno
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) de Ecuador obtuvo un puntaje de 4,68 sobre 10 en 2023, por debajo del promedio regional de 4,77. Según el documento presentado por la FTCS, el bajo rendimiento "indica que las instituciones encargadas de combatir la corrupción carecen de los recursos, la autonomía y la eficacia necesarios para abordar el problema de manera integral."
Revise más: Planes de gobierno: los 16 candidatos apuestan por las energías renovables para superar la crisis eléctrica