Santrich inició el 10 de abril una huelga de hambre en protesta por su captura.
El líder de la exguerrilla FARC Jesús Santrich, pedido en extradición por Estados Unidos, fue llevado a un centro de acogida de la Iglesia católica, donde el gobierno colombiano espera que reconsidere su decisión de "dejarse morir".
De 51 años y con una aguda deficiencia visual, Santrich inició el 10 de abril una huelga de hambre en protesta por su captura un día antes por pedido de Estados Unidos, que lo acusa de conspirar para enviar cocaína a ese país.
El gobierno, que deberá decidir su eventual entrega a las autoridades estadounidenses en un plazo no definido, dijo este viernes que aceptó una solicitud de la Iglesia y Naciones Unidas para trasladar de sitio al exnegociador de paz.
Bajo una fuerte custodia, Santrich fue sacado la noche del jueves de un hospital del sur de Bogotá donde había sido ingresado por su delicado estado de salud, y ahora está en una casa de acogida de la Iglesia, en el centro de la ciudad.
"Lo que estamos tratando de hacer es brindar una serie de garantías para que esta persona recapacite y no se deje morir", justificó el viceministro de Justicia, Camilo Medina, en declaraciones a la prensa.
El caso de Santrich, quien alega inocencia, ha ensombrecido aún más el difícil proceso de implementación del acuerdo de paz suscrito a finales de 2016, que condujo al desarme y transformación en partido de las FARC.
El ahora movimiento de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha insistido en que las acusaciones contra su exnegociador son un "montaje jurídico". Incluso uno de sus principales líderes ha dejado en vilo su posesión como congresista según los compromisos alcanzados con el gobierno.
Al igual que las autoridades, la Iglesia católica confía en que Santrich reconsidere su decisión de morir, pues según el viceministro Medina el gobierno no puede impedir por la fuerza que el exjefe rebelde interrumpa su ayuno.
Aquí "viene a encontrar razones para vivir, para poder salir adelante y enfrentar las situaciones", declaró el sacerdote Andrés Fernández, director de la Fundación Caminos de Libertad, el nuevo sitio de reclusión de Santrich.
El exguerrillero enfrenta su posible extradición a Estados Unidos porque según la fiscalía colombiana, que se apoya en los datos de la agencia antidrogas DEA, incurrió en presuntos delitos de narcotráfico tras la firma de la paz.
Aunque el pacto blinda a los rebeldes frente a los pedidos en Estados Unidos, también prevé la pérdida de beneficios en caso de que violen la ley después de diciembre de 2016.
Criticado por el supuesto trato preferencial que le está dando a Santrich, el viceministro de Justicia desestimó que el exguerrillero pueda aprovechar su traslado para fugarse.
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