Desde agosto se podrá sancionar, hasta con cárcel, la no afiliación al IESS

Imagine este escenario. Usted es contratado para realizar un trabajo hasta que un día se entera que la empresa no lo ha afiliado al Seguro Social. Desde el 10 de agosto, esto significaría que su jefe o el representante de la compañía, pudiera irse a la cárcel.

Entre las novedades que se incluyeron en el Código Penal están 3 nuevos delitos que buscan dar más garantías a los trabajadores. Está por ejemplo el Artículo 241 que habla del impedimento o limitación del derecho a la huelga. En otras palabras, si un jefe impide que sus empleados se declaren en huelga, puede ser sancionado con prisión de entre 2 a 6 meses, y si hay violencia de por medio, de 6 meses a 1 año.

Otros dos delitos apuntan directamente al derecho a la Seguridad Social; el primero es la retención ilegal de aportes. En otras palabras, descontar del rol del trabajador el aporte mensual, pero no depositarlo en el IESS. Esto puede sancionarse con entre 1 a 3 años de prisión, y además la clausura de locales o establecimientos. Pero, ¿qué opinan de esto los empresarios? Juan Carlos Díaz-Granados es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y dice considera que son problemas que no necesariamente se solucionan con prisión.

Pero hay un delito más, descrito en los artículos 243 y 244: la falta de afiliación al IESS. Esto según el código, puede ser sancionado con la intervención temporal de la empresa, multa de 3 a 5 salarios básicos por cada empleado no afiliado, y de tres a siete días de prisión, si el empleador es una persona natural. Acá en cambio, Díaz-Granados opina que la sanción es muy dura.

José Villavicencio, presidente del Frente General de Trabajadores, por su parte dice que están de acuerdo con que esto se sancione, pero asegura que otros mecanismos ya previstos en la ley, no siempre se han cumplido.

En todo caso esto ya es ley y no hay marcha atrás. En la Cámara de Comercio tienen previsto capacitar a sus socios para que simplemente, cumplan con la ley. El delito de no aportación fue aprobado por la mayoría de ecuatorianos en la consulta popular del 2011.